Las novedades que en el ámbito fiscal vienen tradicionalmente produciéndose a final de año por medio de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, se han visto incrementadas para este año 1997 con las previstas por la Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, norma de especial transcendencia que se incardina con las otras dos leyes anteriormente citadas, asumiendo incluso en algún aspecto un papel tradicionalmente reservado a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como es el de fijar las tarifas de determinados impuestos porque el nuevo modelo de financiación autonómica que se aplicará por primera vez en esta declaración implica que se desdoblan las tarifas en un tramo estatal del 85% y otro autonómico del 15%.

La cesión del impuesto a las Comunidades Autónomas se regirá por la nueva normativa sobre cesión de tributos, en particular, en cuanto al alcance y condiciones de la misma se refiere, será de aplicación para cada Comunidad su especifica Ley de Cesión y por ende cobrará una especial relevancia practica la determinación precisa de la residencia del contribuyente durante el período impositivo en el territorio de una determinada Comunidad Autónoma, tarea que en su caso, habrá que llevar a cabo conforme a los criterios previstos al efecto en la norma citada.

Estas tres normas legales hacen referencia a muy diversas materias fiscales, si bien la presente exposición no tiene por objeto analizar de forma sistemática las modificaciones relativas a las distintas figuras tributarias consecuencia de este conjunto normativo, sino brindar una mención especial a las novedades en IRPF dado el interés suscitado por la campaña que ahora comienza.

En primer lugar, con exclusiva vigencia para 1997 se dispone que no existe obligación de declarar cuando se perciban exclusivamente rendimientos del trabajo, del capital mobiliario o incrementos de patrimonio, siempre que estos dos últimos conceptos no superen conjuntamente las 250.000 pesetas, y la cuantía total de tales rentas sea inferior a 1.200.000 pesetas brutas anuales, importe que se eleva a 1.250.000 pesetas si se trata de pensiones y haberes pasivos, o en el caso de la tributación conjunta.

En esta declaración se consideran, por primera vez, rentas exentas las prestaciones que se hayan recibido de la Seguridad Social por hijo a cargo, así como también las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único, con el límite de 500.000 pesetas.

Se incluyen, este año, dentro de la unidad familiar a los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a la patria potestad prorrogada.

Una modificación significativa en materia de retenciones que ha visto la luz en 1997, (por ausencia de retención o por que se trate de retenciones mal practicadas), es la desaparición del mecanismo de elevación al íntegro en las autoliquidaciones.

Actualmente, y ya para esta declaración de junio, el perceptor de las cantidades sobre las que se deba retener computará las mismas por la contraprestación íntegra devengada, deduciéndose la retención que se debió haber practicado, con total independencia de que ésta se haya o no efectuado, o aunque sea inferior a la que procediese, salvo cuando se trate de retribuciones legalmente establecidas satisfechas por el sector público, en cuyo caso sólo se podrá deducirlas las cantidades efectivamente retenidas.

Si no se pudiese probar la contraprestación íntegra devengada entonces será la propia Administración Tributaria quién podrá "elevar al integro" el importe de la misma.

En cuanto a los rendimientos del capital inmobiliario, los contribuyentes estarán obligados a calcular como ingreso el 2% del valor catastral de su vivienda habitual (un 1,1% si dicho valor ha sido revisado por la Administración con efectos desde el 1 de enero de 1994).

Se trata, como todos conocemos, de una renta fiscal presunta que tiene sus días contados a la vista de la profunda reforma del impuesto cuyos efectos no sentiremos hasta mayo del año 2000.

Como venía siendo habitual de la cantidad declarada como ingreso se pueden deducir tanto el IBI como, si se tiene un préstamo hipotecario sobre esa vivienda, sus intereses, con el límite máximo de 800.000 pesetas en el caso de declaración individual y de un millón de pesetas en la conjunta. Este será otro aspecto que con el nuevo IRPF desaparecerá de la base para jugar en la cuota del impuesto correspondiente al ejercicio 1999.

Debemos precisar, asimismo, que cuando los inmuebles urbanos no arrendados o subarrendados carezcan de valor catrastal, o éste no se hubiese notificado, se tomará como valor para la determinación del correspondiente rendimiento el 50% de aquél por el que deban computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, siendo en estos casos aplicable el porcentaje del 1’10% en lugar del 2%.

En cuanto a las famosas plusvalías, como novedad hay que tener presente que el valor de adquisición se puede actualizar, corrigiendo los efectos de la inflación mediante la aplicación de unos coeficientes de actualización monetaria publicados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, que multiplican el precio de compra a efectos de calcular la plusvalía fiscal.

La normativa fiscal vigente ha recogido nuevas medidas sobre tributación del ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que consisten en la modificación de la tributación de las plusvalías abandonando el sistema diseñado originalmente (reducciones directamente proporcionales al periodo de permanencia), acabando con el horizonte temporal que fomentaba el estancamiento de las inversiones, dado que anteriormente existía un gran incentivo fiscal para mantener la inversión hasta que transcurre el plazo en que se alcanza la no sujeción de los incrementos.

No obstante, la norma permite aplicar el anterior sistema, con un coeficiente reductor, por cada año que exceda de dos contados hasta el 31 de diciembre de 1996, y que depende del tipo de bien de que se trate, asi los incrementos de patrimonio por venta de acciones se reducen en un 25%, de bienes inmuebles en un 11,11% y de fondos de inversión en un 14,28%, siempre que se trate de bienes adquiridos antes del 9 de junio de 1996 y que además tengan al menos una antigüedad de dos años, tomando, insistimos, como periodo de permanencia máximo el comprendido entre la adquisición y el 31 de diciembre de 1996.

También por primera vez se aplica una exención de tributar por las primeras 200.000 pesetas de plusvalías conseguidas en un periodo superior a los dos años que supone un tipo cero de tributación por esta cantidad aunque no se aplica a las ventas de las participaciones en fondos de inversión.

Las plusvalías de más de dos años, tributan al tipo fijo del 20%, independientemente de cual sea el tipo medio o marginal del contribuyente. En general se aplica este baremo impositivo sobre la inversión en todo tipo de elementos patrimoniales, entre ellos las viviendas.

Sobre los populares fondos de inversión, lo primero que le interesa conocer al inversor es que el rendimiento que supone el incremento de valor sus participaciones no se verá sometido al impuesto hasta el momento en que se recupere la inversión mediante el reembolso o enajenación de las participaciones.

En ese momento, en que el participe recupera aunque sea parcialmente su inversión, la plusvalía tributará al 20% siempre que hayan transcurrido dos años desde la suscripción del fondo, si bien para los fondos de inversión las primeras 200.000 pts no gozan de exención.