En efecto, si en ciertos campos, como en el de la unión monetaria, los progresos han sido enormes y hemos sido ya capaces de alcanzar la moneda única, en el de la armonización fiscal coincidimos todos en que estamos aún en mantillas.

Pero, y ahí surge la primera gran cuestión, ¿es realmente necesario alcanzar una armonización fiscal en Europa? Para una corriente de opinión, cada vez más extendida, la respuesta es no.

Y se citan como ejemplos los Estados Unidos o Suiza, donde a pesar de tener una moneda única, no tienen la fiscalidad entre sus distintos Estados armonizada.

Para otros, sin embargo, no alcanzar una fiscalidad armonizada supone perpetuar los grandes desequilibrios, fomentar corrimientos intensos en los flujos de capitales y, en definitiva, vernos abocados a una vida económica en común, casi imposible.

Personalmente, me alineo desde hace mucho tiempo en el grupo de los primeros, ya que mantener algunas diferencias fiscales puede conducirnos a la competitividad entre Estados (ver mi artículo en Cinco Días de 6-12-96, titulado La competitividad de las Administraciones), aunque no deje de reconocer que las cosas no son de un blanco o de un negro absolutos, y, probablemente, en el término medio esté la verdad. Diríamos pues, que sería conveniente alcanzar una cierta convergencia fiscal, aunque sin pretender la total uniformidad o la fiscalidad única europea. El problema es cómo llegar a esa situación ideal.

Partimos, en efecto, de una posición de enormes divergencias. Veamos: si dividimos la fiscalidad en cuatro grandes conceptos, su situación actual en Europa es la siguiente:

IVA. El Impuesto sobre el Valor Añadido está aceptado de forma unánime en Europa. Se está aplicando actualmente un régimen transitorio, con imposición en destino para las transacciones internacionales, que lleva camino de convertirse en definitivo porque parece que pasar a la imposición en origen causaría todavía mayores problemas.

Con ser de unánime aceptación su concepto, constatamos que las escalas impositivas son absolutamente distintas y prácticamente no hay dos países con igual tratamiento.

SOCIEDADES. Los impuestos sobre sociedades o beneficios, muestran también tipos enormemente divergentes y los únicos acuerdos alcanzados se limitan a un código de conducta, con el que se pretende evitar una desmesurada competencia entre Estados y ver de igualar en lo posible el tratamiento a no residentes.

AHORRO. También en la fiscalidad sobre capitales existe en Europa una enorme diversidad y, en este terreno, los avances se han limitado a una propuesta de Directiva, por cierto con muy bajo grado de aceptación, para unificar las retenciones en torno a un 20% o, en su defecto, potenciar la información cruzada entre Estados.

TRABAJO. Para el tratamiento de estas rentas, nuestro IRPF, no existe en Europa ningún acuerdo ni, lo que es peor, ninguna iniciativa por el momento para alcanzarlo.

Bien, podemos pues constatar que partimos de enormes diferencias y de puntos muy distantes.

Pero, y aquí viene la propuesta, ¿es que acaso no partíamos de posiciones también muy distantes y lejanas cuando comenzamos a diseñar el proceso de unión monetaria?

Por si alguien no lo recuerda, en el año 1993, o sea cinco años antes del examen de Maastricht, los índices de precios al consumo, los tipos de interés, los porcentajes de deuda pública sobre PIB y los de déficit público estaban también muy alejados unos de otros.

Y para muestra, unos botones. IPC de Francia –2,2%– e IPC de Portugal –7,1%–. Tipos de interés en Alemania –6,3%– y en Italia –11,3%–. Deuda pública de Irlanda –97,5%– sobre PIB y deuda de Finlandia –57,3% sobre PIB–. Déficit español –7,3%– y déficit de Holanda –3,2%–.

Y al cabo de tan sólo cinco años, la convergencia se produjo. Para alcanzar un cierto grado de armonización y de convergencia fiscales, sería pues necesario fijar cuatro o cinco criterios básicos, dando tiempo a los Estados miembros para alcanzar, en unos plazos razonables, los objetivos previstos.

De esta forma, al igual que se produjo en la Unión Monetaria, en que los Estados fueron planificando la convergencia de sus políticas económicas, las Administraciones podrían planificar con tiempo por delante sus políticas fiscales.

Y muy importante: estos criterios deberían tener un seguimiento puntual tan intenso y público como lo tuvieron los monetarios. Sin embargo, no deberían contemplar unas escalas únicas, sino una horquilla de tipos en los que cada Estado miembro se sintiese más cómodo.