La condición del ciudadano contribuyente
ALFONSO PAJUELO

La campaña de declaración del IRPF entra en su recta final. A veinticinco días del cierre se producirá el aluvión con unas elecciones por en medio. La primera parte de la campaña ha estado protagonizada por la buena noticia de la rapidez de las devoluciones, pero eso no debe difuminar la impresión, basada en hechos contrastados, de que la administración tributaria funciona mal y que el entramado impositivo, desde la percepción del contribuyente, resulta agobiante, y, en términos sociales, injusto.

La diligencia en las devoluciones está muy bien pero esa rapidez oculta una realidad ciertamente preocupante: la capacidad revisora está bajo mínimos. Entre huelga de celo, ineficiencias e insuficiencias, resulta que las declaraciones a devolver se cursan si echarlas un vistazo. Está muy bien que por una vez se primen los intereses de los contribuyentes pero ¿hasta que punto se están perjudicando los intereses de la comunidad la reducir los controles administrativos?

El dilema esta claro y sin duda cualquier español tenderá a dar más importancia a sus intereses particulares en una sociedad en la que hay todavía escasa conciencia sobre la condición de ciudadano-contribuyente. Pero lo cierto es que el Estado lo pagamos todos y debemos exigir el máximo de eficacia en la gestión tributaria. Precisamente porque pagamos muchos impuestos deberíamos demandar eficiencia en el control de ingresos

Desde el punto de vista de la percepción individual la carga tributaria siempre resulta pesada. Tendemos a considerar que todo aquello que pagamos por obligación a las distintas manifestaciones del Estado tiene un carácter impositivo. E inevitablemente lo ponemos en relación con la contraprestación en servicios. El caso más claro es la Seguridad Social que en su apartado sanitario es un constante motivo de preocupación de todos. Son varios millones de españoles los que se pagan un seguro sanitario privado ante las dificultades que presenta la sanidad pública. Quién mas quién menos considera que ésta sólo compensa utilizarla para casos graves de urgencia dada la lentitud y farragosidad que presenta en situaciones "normales". Así pués el gasto en seguros médicos se considera necesario para aquellos que pueden hacer el esfuerzo de pagarlos. Pero también pagamos el sistema público.

Otro aspecto a considerar es la reducción de algunas prestaciones que implican un mayor desembolso por parte del enfermo. El resultado final es que pagamos más porque no queda más remedio, es decir, recibimos menos.

Las últimas reformas fiscales han representado un cierto alivio en la percepción individual pero los hechos demuestran la primacía de los impuestos indirectos, lo que en términos globales resulta injusto por indiscriminado.

Los impuestos indirectos no tienen en cuenta el nivel de renta de quien los paga. Están basados en el consumo y aunque son necesarios no deberían compensar los directos. Estos últimos si son justos porque pueden discriminar y por lo tanto se puede aplicar la máxima de que quién más gana más paga. Es difícil encontrar el equilibrio pero no debe perderse de vista la utilización de la política fiscal como elemento redistribuidor de la riqueza, algo que últimamente se está olvidando