Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León iniciaron ayer los procedimientos pertinentes para presentar a la Comisión Europea un escrito de alegaciones en relación a una serie de ventajas fiscales y ayudas públicas a la inversión que ofrecen la Diputación Foral de Álava y la Comunidad Autónoma del País Vasco, según informaron fuentes del Ejecutivo regional, que indicaron que estas ayudas podrían ser incompatibles con el mercado común e ilegales.

Según la Junta de Castilla y León, este procedimiento se enmarca dentro de los ya iniciados por la Comisión Europea como consecuencia de que determinadas empresas, a la vista de las ventajas fiscales ofrecidas por los territorios forales, han comenzado a trasladar sus instalaciones al País Vasco.

GRADO DE COMPATIBILIDAD

En concreto, según estas mismas fuentes, la Comisión Europea se encargará de determinar el grado de compatibilidad de las ayudas concedidas a la empresa de fabricación de cápsulas de estaño Ramondín S. A. con el mercado común.

Básicamente, estas ayudas consisten en el establecimiento de un crédito fiscal del 45 por ciento del importe de las inversiones, así como la reducción en la base imponible para aquellas empresas de nueva creación.

CUESTIÓN DE COMPETENCIA

En el informe elaborado por la Junta de Castilla y León se apunta que «se trata de ventajas o beneficios perceptibles por la empresa» y que «afectan de forma muy directa a la competencia y a los intercambios entre los Estados miembros».

Asimismo, en el texto elaborado por la Junta se apunta que «nos encontramos ante unas ventajas selectivas, en el sentido de que favorecen a determinadas empresas o producciones», informa Ep.

SEGÚN LA JURISPRUDENCIA

Por otra parte, el informe indica que «la jurisprudencia nacional ha venido a señalar en recientes pronunciamientos, en relación con medidas similares, que constituyen privilegios de carácter fiscal que menoscaba la competencia empresarial» y señala que las ayudas no han sido notificadas a la Comisión Europea con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado de la Comunidad Europea.