LA NORIA DE LAS PENSIONES
P. COLINO. Madrid

Apenas repuesto del susto que le dio Pujol el pasado fin de semana, Aznar pidió ayer “decoro” y calificó de “disparate” la decisión de varias autonomías de subir, por su cuenta, las pensiones no contributivas. En plena resaca, ésta es una historia, en diez actos, para entender un debate que sube de temperatura.

1. Los antecedentes. En noviembre de 1998, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves anunció que las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas subirían en su autonomía un 3,6%, el doble que la inflación anual, cuando el aumento previsto en España era del 1,8%. Además, prometió un incremento de las pensiones asistenciales del 5,5%. Un mes después firmó un decreto para convertir en realidad su anuncio previo. La subida adicional al 1,8% de aumento previsto por el Gobierno central correría a cargo de los Presupuestos andaluces.

2. La primera reacción del Gobierno. Los responsables del PP se echaron las manos a la cabeza. Chaves tocaba donde más duele, electoralmente hablando. ¿Quién se atreve políticamente a oponerse a una medida que supone subir el sueldo a pensionistas que no cobran más allá de 38.000 pesetas al mes? En todo caso, la cascada de declaraciones contra el decreto fue inmediata. El argumento: Chaves rompe la caja única, quiebra el principio de igualdad de los españoles y sobrepasa el ámbito de sus competencias.

3. El desafío de Chaves. Pero ni corto ni perezoso, Chaves lanzó un nuevo desafío. Pese a las múltiples advertencias del Gobierno y el reclamo de que retire el decreto, el presidente andaluz, arropado tanto por los sindicatos como por los empresarios andaluces, se negó y retó al Gobierno a que presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional.

4. Aznar coge el guante. Al Gobierno no le quedaba más remedio que coger el guante y, en febrero de este año, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de la Junta. El Tribunal admitió a trámite el recurso y suspendió cautelarmente la medida. Pero la Junta ya había dado la orden de pago a sus pensionistas.

5. El aroma electoral. La cercanía de las elecciones autonómicas –que se celebraron el 13 de junio– hizo que otras comunidades empezaran a barruntar la posibilidad de sumarse a la medida de Chaves. El objetivo de Chaves es que estas pensiones se acerquen paulatinamente al salario mínimo interprofesional. El Constitucional todavía no se había pronunciado. El Ejecutivo trató de recuperar el pulso y el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, propuso que la subida de las pensiones más bajas se negociara en la reforma del Pacto de Toledo. Después de las elecciones, Baleares y, más tarde, Canarias anunciaron también que seguirían los pasos de Chaves.

6. Batacazo del Gobierno en el Constitucional. El pasado 21 de julio el Tribunal Constitucional dictó un auto con el que avalaba la subida complementaria pagada a sus pensionistas por la Junta de Andalucía. En sus fundamentos jurídicos, el Tribunal señalaba que “el escaso monto de la ayuda y su carácter excepcional (...) determina que el interés de los beneficiarios deba ser tutelado”. Además, aseguraba que “los perjuicios que, según la representación estatal, se producirían en las competencias estatales en materia de Seguridad Social y, específicamente, sobre el sistema de “caja única” de la misma aparecen formulados con un grado de generalidad que no pueden ser relevantes en un incidente como el presente, en el que subyace una controversia de naturaleza competencial”. No resolvía, por tanto, el conflicto de competencias en cuanto a la gestión económica de la Seguridad Social, pero se avalaban las ayudas complementarias al amparo de la competencia de Andalucía en asistencia y servicios sociales.

7. Anuncio de más recursos. Pese al auto del Constitucional, el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, aseguró el pasado 26 de julio que recurriría todas las subidas de pensiones no contributivas decididas por las CC AA. En las declaraciones previas a las negociaciones presupuestarias reinó la confusión. Pimentel llegó a insinuar que el Gobierno podría subir las pensiones mínimas en el 2000, y su jefe, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, le desmitió dos días más tarde, al asegurar que “todas” las pensiones subirían un 2%, la inflación prevista.

8. La “traición” de Pujol. El debate se puso al rojo vivo el pasado fin de semana. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en lo que políticamente se considera el primer acto de escenificación de su progresiva ruptura con el Gobierno del PP ante la proximidad de las elecciones catalanas, aprovechó la parálisis del Ejecutivo para anunciar por sorpresa su intención de subir las pensiones. La fórmula y los argumentos difieren de los de Chaves. En el caso de Cataluña, la justificación es el diferencial de inflación. Asturias y Aragón amagaron con seguir el ejemplo.

9. El Gobierno, de los nervios. El anuncio de Pujol, socio de Gobierno, ha sido un nuevo varapalo al Ejecutivo. En durísimas declaraciones, el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, señaló que recurrirá cualquier subida que pretendan los Gobiernos autonómicos. Los sindicatos y el PSOE aprovechan la jugada de Pujol para echar más leña al fuego y piden una subida en toda España.

10. Oferta para el pacto de toledo. En un nuevo intento por coger de nuevo el timón, Mercedes de la Merced, el miembro de la dirección del PP de guardia en agosto, convocó ayer una conferencia de prensa para proponer a los grupos reunirse en septiembre, en el marco del Pacto de Toledo y abordar allí el debate, antes de aprobar los Presupuestos del 2000. El PSOE declinó la invitación y anunció otra iniciativa para que las pensiones más bajas suban 2.000 pesetas. Nadie parece dispuesto a dejar de apuntarse el tanto.

Los efectos económicos

El impacto económico de subir las pensiones no contributivas en las regiones que lo han decidido no es muy elevado. En el caso andaluz, no llega a 1.000 millones de pesetas (9.395 pesetas al año por 101.000 pensionistas). En Cataluña, donde se trata de compensar la inflación, no les costaría ni 700 millones y, en ambos casos, los pensionistas verán aumentadas sus pagas, como mucho, en 700 pesetas al mes. Pero, como el Gobierno no está dispuesto a permitir desigualdades por autonomías ni que las subidas se interpreten como un regalo de determinados partidos, tratará de preservar el principio de caja única y negociará una subida de las pensiones no contributivas por igual en toda España. El problema es cómo buscar el equilibrio para que no suban tanto como para desincentivar la cotización en el régimen contributivo. Eso obligaría a subir también las mínimas contributivas con el fin de que no haya cotizantes que se descuelguen y se vayan al sistema gratuito y universal. Tal subida, por pequeña que fuera, iría a cargo de los complementos de mínimos, por los que ya se pagan 600.000 millones al año a cargo de los Presupuestos Generales.

Más de 449.000 beneficiarios y un coste de 230 millardos

La Seguridad Social pagó el año pasado 233.189 millones de pesetas en pensiones no contributivas, según datos difundidos ayer por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En la actualidad hay 449.434 personas que cobran estas pensiones, cuya cuantía mensual es 37.995 pesetas en catorce pagas, es decir, 531.370 pesetas al año. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de beneficiarios de este tipo de pensiones, con un Presupuesto que ha superado los 52.717 millones de pesetas en 1998 y con más de 100.000 pensionistas.

Las pensiones no contributivas se actualizan anualmente en la misma cuantía que las contributivas, según establece la Ley General de la Seguridad Social. En 1999 la revalorización se fijó en el 1,8%, conforme a la previsión de inflación. La gestión de las pensiones no contributivas está transferida a las comunidades autónomas, por lo que las solicitudes correspondientes deben presentarse ante las diferentes consejerías de servicios, así como ante las direcciones provinciales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso).

El Gobierno optó por consolidar las siete décimas de ganancia experimentada por todas las pensiones gracias al mejor comportamiento de la inflación que el previsto. Así, en el periodo 96-98, las pensiones no contributivas tuvieron una ganancia adicional de 10.310 millones de pesetas. En la comunidad andaluza, a este aumento por encima del IPC se le dedicaron 2.223 millones de pesetas, lo que supone más de 22.000 pesetas por pensionista.