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EL SUPREMO AVALA LA EXCLUSIÓN DEL PAIS VASCO EN EL REPARTO DE FONDOS
EL MUNDO. Madrid

El Tribunal Supremo ha avalado la legalidad del acuerdo del Consejo de Ministros que excluyó al País Vasco de la distribución de los fondos del Plan Marco de Competitividad del Turismo Español para 1997, en virtud del peculiar sistema de financiación de dicha comunidad autónoma, informa Europa Press.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha desestimado el recurso del Gobierno vasco que reclamaba su inclusión en dicho reparto de fondos, al entender que su sistema de financiación no afectaba el desarrollo del Plan.

Además, razonaba que el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, de 13 de junio de 1997, suponía una limitación de derechos, carecía de motivación y se apartaba del criterio seguido en actuaciones precedentes.

El Supremo rechaza el recurso reproduciendo los argumentos, por lo que desestimó otro recurso anterior del Gobierno vasco contra un acuerdo del Consejo de Ministros que estableció la distribución de los créditos del Ministerio de Economía y Hacienda para los programas del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, excluyendo al País Vasco y Navarra por su especial sistema de financiación.

El alto tribunal destaca que el Ejecutivo vasco no puede reivindicar la percepción de ayudas incluidas en un programa presupuestario que tiene la consideración de carga asumida por la comunidad autónoma a efectos del cálculo de su cupo financiero, y simultáneamente dejar inalterado el cupo. «La pretensión sólo tendría cabida cuando, a la vez, auspiciara el aumento del cupo líquido, derivada de contabilizar como carga no asumida [general del Estado], lo que de hecho ha sido contabilizado, a efectos de calcular el cupo, como carga asumida por la comunidad autónoma», señaló el Supremo.

Según la sentencia, otra solución provocaría «una ruptura, no sólo de la equidad financiera, sino del mecanismo hasta ahora seguido para el cálculo del cupo y, derivadamente, de la percepción por la comunidad autónoma de este tipo de subvenciones».

Por ello, aceptar la tesis del Gobierno vasco tendría repercusiones financieras de gran trascendencia no sólo para la comunidad vasca, sino para el resto de comunidades autónomas, que verían reducida la aportación que reciben del Estado.