LOS CONCIERTOS ECONÓMICOS VASCOS Y NAVARRO
NO PELIGRAN
J. RUIZ-AYÚCAR DE MERLO. Madrid

La apertura de un procedimiento formal de infracción al sistema de incentivos fiscales a la inversión del País Vasco y Navarra por parte del Ejecutivo comunitario, ha sido utilizada, en opinión del autor, de manera demagógica e interesada.

Tras la decisión del Ejecutivo comunitario de abrir procedimiento formal de infracción al sistema de incentivos fiscales a la inversión del País Vasco y Navarra, se han levantado las voces que proclaman la defensa de los Conciertos Económicos frente al ataque sufrido, e, incluso, por algunos, se ha llegado a la fácil interpretación demagógica, interesada políticamente.

El propio comisario Karel van Miert ya manifestó que “de ninguna manera atacamos la autonomía fiscal del País Vasco, como tampoco lo hemos hecho en el caso de Alemania al dictaminar contra las normas concretas en que se han plasmado, cuando éstas atentan contra la competencia”. El colegio de comisarios considera que determinadas ayudas fiscales son ayudas de Estado ilegales, por ser contrarias al Derecho de la competencia y a los principios de ayudas regionales y sectoriales. En concreto, se refieren a las llamadas vacaciones fiscales y al crédito fiscal del 45% de la inversión, cuando ésta supera los 2.500 millones de pesetas.

La Comisión considera que son ayudas de Estado ilegales por ser financiadas por recursos estatales, favorecer a determinadas empresas, falsear la competencia y perjudicar los intercambios entre los Estados miembros.

La fortaleza del concierto quedó demostrada cuando las ayudas fiscales superaron, normalmente con éxito, los sistemáticos recursos planteados por la Administración central y las autonomías limítrofes, generalmente sobre la base de su capacidad normativa que emana del propio concierto. También se ha debido, en buena medida, a la dificultad de probar la existencia en País Vasco de una presión fiscal efectiva global inferior a la del resto de España.

Nadie ha cuestionado la capacidad normativa foral, argumento utilizado para su tímida defensa por el comisario Marcelino Oreja. Ha sido el incumplimiento de las normas comunitarias de la competencia lo que ha conducido a esta situación, que se inicia con la decisión de Daewoo de instalarse en Vitoria, recibiendo una ayuda directa del Gobierno vasco del 25% de la inversión y beneficiándose de los incentivos fiscales, ahora bajo cuestión.

La reacción de los partidos nacionalistas e instituciones vascas en defensa del concierto, se corresponde con sus planteamientos y aspiraciones políticas, pues consideran que el régimen fiscal que de él emana es autónomo y soberano. Las autoridades vascas entienden que sus incentivos fiscales no son ayudas públicas, como no lo son los de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.

Realmente ésa es la cuestión de fondo para los partidos vascos, la soberanía fiscal. Por ello se cuestiona que sea el Estado español el interlocutor para la defensa ante la Unión Europea, mientras mantiene treinta recursos judiciales contra las normas fiscales del País Vasco.

El Concierto Económico tiene su fundamento en el Estatuto de Autonomía que descansa sobre la propia Constitución. No hay nada que proteger, porque nada esta en peligro. Lo paradójico es que haya sido desde Europa de donde se venga a establecer, en ciertos aspectos, cuáles sean los límites de la capacidad normativa foral.