Bruselas abre expediente contra el régimen de ayudas fiscales del País Vasco a las empresas
Rodrigo Rato advierte que no se cuestiona la existencia del concierto vasco o del convenio navarro
ISIDRE AMBRÓS / CARMEN LARRAKOETXEA

Barcelona/Bilbao. - La Comisión Europea decidió ayer, tras varios meses de investigaciones, abrir un procedimiento contra el régimen de ayudas fiscales a las empresas que aplican los gobiernos vasco y navarro que podría conducir a su supresión. Los agentes económicos, políticos y sociales vascos criticaron esa decisión. El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, intentó quitar dramatismo y precisó que no se cuestiona la existencia de regímenes fiscales forales, sino sólo medidas concretas.

El Ejecutivo comunitario adoptó ayer esa decisión en el curso de la última reunión presidida por su actual presidente, Jacques Santer, que la semana próxima tomará posesión de su acta de eurodiputado. Desde hoy y hasta que el nuevo presidente Romano Prodi tome posesión de su cargo, a mediados de septiembre, la Comisión Europea estará dirigida por su vicepresidente Manuel Marín.

Bruselas pretende averiguar la posible ilegalidad de los llamados créditos fiscales que conceden las diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que equivale a una reducción del 45% del importe de la inversión empresarial, siempre y cuando sea superior a 2.500 millones de pesetas, así como las llamadas “vacaciones fiscales”, que suponen una reducción de la base imponible del impuesto de sociedades en los cuatro primeros años.

La Comisión Europea ha abierto ese procedimiento porque estima que “esas ayudas fiscales son ayudas de Estado” y “pueden considerarse ilegales”, en la medida en que “se financian con recursos públicos y favorecen a determinadas empresas, falsean la competencia y afectan a los intercambios entre estados miembro”, señala la nota en la que el Ejecutivo comunitario dio a conocer ayer su decisión.

En ella, el Ejecutivo comunitario clarifica que esa acción “de ninguna manera es consecuencia de la autonomía fiscal de la que se benefician las tres provincias vascas y Navarra”. Esta última autonomía está, asimismo, implicada con su sistema de incentivar las inversiones empresariales mediante una reducción del 50% del impuesto de sociedades en los primeros cuatro años.

De esa forma, Bruselas entra a analizar dichas normas fiscales en sí mismas para realizar un dictamen unitario, dado el alto número de empresas que han accedido a ese régimen de ayudas. El procedimiento ha venido precedido por el expediente que se abrió por las ayudas recibidas por la multinacional coreana Daewoo para su implantación en Vitoria (Álava), en que se preveían beneficios fiscales y que en su día fueron ya calificados como “ayudas de Estado ilegales”.

Los agentes políticos, económicos y sociales vascos recibieron con preocupación la apertura de ese expediente que, hasta cierto punto, era esperado tras el dictamen realizado hace dos semanas por el abogado general del Tribunal Europeo de Justicia. En él se consideraba que los incentivos fiscales vascos a la inversión equivalían a ayudas de Estado ilegales.

La vicelehendakari del Gobierno Vasco, Idoia Zenarruzabeitia, ha pedido al secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, con el que se reunió ayer, que la Administración central realice una defensa efectiva del concierto económico ante las instituciones europeas.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, intentó quitar hierro a la situación creada y precisó que no se cuestiona ni el concierto vasco ni el convenio navarro o la existencia en España de regímenes fiscales forales, sino sólo medidas concretas, como las “vacaciones fiscales”.

Esa aprobación ha coincidido, además, en unos días en que se está debatiendo una documento propuesto por el lehendakari Juan José Ibarretxe en defensa del concierto económico (que prevé las competencias fiscales vascas), que inicialmente no está recibiendo el respaldo mayoritario y unánime que esperaba el jefe del Ejecutivo vasco.

La patronal vasca, Confebask, ha calificado la apertura del expediente como “carente de toda justificación”, por cuanto asegura que el sistema fiscal vasco es totalmente compatible con las normas comunitarias de libre competencia.