La “voluntad firme” del Gobierno de introducir en los Presupuestos del 2.000 un paquete de incentivos fiscales para apoyar la internacionalización de las empresas españolas es lo único decidido, por ahora. Pero, aunque las negociaciones con sus socios parlamentarios, especialmente con CiU, apenas están en sus inicios, entre las alternativas en estudio (después se verá si son viables) y que en principio no se ven con malos ojos, figuran medidas tales como la amortización acelerada para las inversiones realizadas en los mercados emergentes, valorando especialmente el factor “riesgo”; y la mejora en el tratamiento fiscal de la repatriación de los beneficios por actividades en el exterior.

Esta iniciativa de Economía, no es sino el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en el Congreso el pasado mes de mayo, a impulso del Grupo Catalán, por la que se insta al Gobierno a “adoptar medidas urgentes para favorecer la exportación y la internacionalización de las empresas” y entre las que expresamente se mencionan la moderación de los costes fiscales de los grupos internacionales implantados en España, reducir el plazo medio de la devolución del IVA a las empresas exportadoras y regular el sistema de cuenta corriente tributaria para conseguir una mayor eficacia en la compensación de deudas y créditos tributarios.

A pesar de ello en las filas populares se insiste en que, por el momento las medidas están sin definir y lo único que tienen claro es que aquéllas que finalmente se adopten deberán cumplir tres requisitos elementales: “adecuarse a la normativa comunitaria, favorecer la actividad exterior de las empresas españolas y fomentar la creación de puestos de trabajo en España”.